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Lamentable. Más todavía cuando la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha declarado que “en democracia también hay límites [correcto], que en la libertad de expresión no se puede amparar todo [correctísimo], y que uno de los límites de esta libertad estará en la defensa de los intereses del Estado”. Peligro. Los intereses del Estado por encima de la libertad de expresión. Los intereses del Estado, por tanto, por encima de la verdad. Porque… y si se supiera [un suponer] que España ha conseguido beneficiarse de algo gracias a un acuerdo con otros países a todas luces ilegítimo, incluso, ilegal y que de hacerse público se rompería todo?. Que prima [no ketchup] los intereses del Estado o la verdad?
Otro ejemplo. Sería vulnerar los principios de objetividad si la Cadena SER en vez de publicar las “cintas del Prestige” sólo hubiera podido dar la información tras escucharlas, pero sin hacerse con las cintas? Y el Gobierno dijera que es mentira y no es objetivo, aun que luego se demostrara que es verdad. Quién decide la verdad y en relación a quién y a qué? Se sancionaría a El Mundo, por otro ejemplo, si desvelase que España organiza unos Juegos Olímpicos después de amañar y comprar a uno o varios miembros del COI y esto significase llevar los Juegos a otro país? [qué pena lo de Madrid 2M12, nos han hecho un griego en toda regla]
Ya hay leyes y profesionales de la Justicia a las que cualquiera puede recurrir si se siente agredido o considera sobrepasado el límite de libertad de expresión por parte de cualquier periodista o medio. Que la Justicia está saturada? Que es muy lenta?… pues que se ponga una dotación de jueces para esa tarea concreta, como para la violencia de género y para todos aquellos temas que requieran de una especialización o que tengan un ámbito relativamente delimitado.
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